Cárcel para dos padres

"Un año de cárcel por atentado. Es la pena que ha impuesto una juez en Barcelona a unos padres por agredir a la jefa de estudios tras negarle a su hijo la entrada a la escuela  porque no había abonado los 5 euros mensuales de la guardería extraescolar. La sentencia equipara a los profesores con agentes de policía, en su condición de funcionarios y a los efectos de aplicar el Código Penal. No se trata de aplicar en forma extensiva la ley sino de considerar que "con el acometimiento contra aquellos que ejercen el trabajo de la educación, se degrada la autoridad como concepto necesario en la vida democrática  y en el diálogo y respeto mutuo con especial reflejo en las aulas". Ocurrió [...] cuando las maestras pidieron al hermano del niño de cinco años de edad que no había pagado que fuesen sus padres a hablar con ellas. [...] en la reunión sostenida con los padres el padre manifestó dirigiéndose a la mujer "Pégalas , mátalas,  bueno, ya las encontrarás en la calle" mientras la madre decía : "El niño entrará a las 8 y 30 por mi coño,  porque esto es una escuela pública".

Nuestros considerandos

A la luz de lo que acabamos de leer acerca de Zapatero, Rajoy y Hobbes bien pueden delimitarse los  campos de acción en los que se mueven las actitudes de las gentes. No cabe duda que la actitud adoptada por las maestras es significativa de las posturas que impulsan a Rajoy a expresar sus convicciones.

Desde el punto de vista pedagógico lo que ha hecho el personal docente de esa escuela es un disparate. En primer lugar porque la nimiedad que los lleva a convocar a los padres -apenas el incumplimiento en el pago de 5 euros- no justifica (a no ser que se buscara otro fin)  el escándalo en el que  han metido a dos chicos : un infractor de cinco años y un mensajero, hermano del anterior,  de apenas unos pocos  más. En segundo lugar porque el bochorno en el que han sumido a las criaturas es una pesada carga que llevarán a cuesta durante mucho tiempo. En tercer lugar porque si, en efecto, están para educar y tienen poder policial por su carácter de funcionarios, menester sería que administraran ese poder con la prudencia de la carga que conlleva: el conocimiento pleno de cada familia de la escuela, sus circunstancias de vida, nivel socio-cultural, económico, y muchas otras variables para cuyo conocimiento no hace falta más que apelar a los servicios que brindan los ayuntamientos para encontrar soluciones que no pueden resolverse en la escuela: me refiero a los servicios sociales. Mi experiencia como docente y padre de familia me dice que , desgraciadamente, es poco de lo que puede esperarse de un docente; pero es lo que hay. (ver Educación).

Las maestras tendrían que haber atenuado el conflicto; tendrían que haber asumido que esa gente no entiende de dar ni de darse, sólo de recibir; que su límite es el conflicto, no el acuerdo; que no tienen conciencia de libertad: sólo entienden de derechos; no saben convivir, no entienden de orden social, son apenas individuos a la deriva en un mundo que no les pertenece. 

Tampoco me extraña demasiado que una juez, con una formación universitaria superior -la cual no es significativa , sin embargo,  de una personalidad acabada en la que  han de darse concurrencias y armonías producto de un sano equilibrio entre el saber, el afecto, la voluntad y la libertad- para ver el mundo y verse en él, caiga en los desatinos de aplicar una condena que reza que los causantes han procedido con "la intención de amedrentar  y menoscabar  el principio de autoridad que representan las maestras" . Es un hecho que la jueza ha partido de un estereotipo de familia que no contempla la inclusión de estas especies de bípedos que apenas si son capaces de entender que sus hijos tienen que ir a la escuela; y de sus escasos recursos pedagógicos, que tendría que tenerlos, y aún con mayor necesidad que el personal docente. Un juez tiene que moverse en el sano equilibrio que es necesario para mantener a todas las partes en juego en los considerandos que anteceden a la aplicación de  la ley. Será muy legal lo del poder de policía que incumbe a los docentes en cuanto funcionarios, pero no deja de ser un arma en manos de inexpertos que viven agobiados por acontecimientos que los van superando día a día sin que atinen a enfocar el cambio tan necesario que exige el momento actual en el ámbito de la educación: abordar definitivamente  el plano de las actitudes.

Sólo eso revalorizará su gestión y ayudará a futuras generaciones a ser en los demás.